El neolaredense ENRIQUE RIVAS CUELLAR, quien cobra como alcalde de aquella esquina de la entidad, debe sentirse satisfecho. Entró en vigor el decreto por el cual le regala 42 hectáreas a Banorte.
Es un terreno que administraciones pasadas habían destinado a resolver necesidades de nuevos asentamientos humanos. Se llama precisamente Reservas Territoriales2.
Como dicen en el rancho, ENRIQUE “agarró melgas”, regaló las calles, áreas verdes y de equipamiento (destinadas a escuelas, hospitales o centros de salud), para ofrecerlas al banco y que éste las venda a presuntos inversionistas con fines industriales.
Hay una serie de dudas sobre la operación en que el municipio regala terrenos valuados en varios millones de pesos. Por ejemplo ¿a cómo se le van a vender (metro cuadrado) a los empresarios? ¿por qué no va a obtener ganancia la ciudad?.
Desde lejos se percibe un tufillo a corrupción o favoritismo para los compadres y amigos del alcalde panista, sin olvidar a su eterno jefe y guía espiritual CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.
Huele mal decíamos, porque los documentos en que fue aprobado el decreto incluyen un acuerdo de cabildo del 16 de enero de 2016. Quiere decir que no entraba en funciones el grupo que jefatura Don ENRIQUE. Tendría que haberse ratificado.
Otra duda es que la primera piedra del Parque Industrial El Progreso fue “colocada” desde septiembre del 2015, cuando no había acuerdo de los ediles y menos de los diputados.
Los donativos o comodatos de terrenos públicos en los 43 ayuntamientos, deben pasar por el Congreso. Es el órgano único que puede autorizar la enajenación.
Se percibe “gato encerrado” por el lado que sea. Si se vendió por adelantado, si los empresarios ya construyeron o si ellos mismos siguen interesados a tanta distancia.
Más de 42 hectáreas (423 mil metros cuadrados) no es cualquier cosa, es una millonada de pesos. Ya revisaremos el contrato del fideicomiso de administración inmobiliaria que firmen el señor RIVAS y los jefes de Banorte, para saber cuánto va a ganar éste y cuánto perderá el erario de Nuevo Laredo.
Ahora bien ¿y para dónde va a crecer la ciudad si el espacio ya fue regalado por el presidente del pueblo?.
En un descuido ya hasta lo firmaron, cuando el visto bueno de los diputados apenas se publicó en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor. Suele suceder cuando hay irresponsabilidad en el sector público.
Aparte, mire usted que este jueves volverán las clases al edificio de la Unidad Académica de Trabajo Social de la UAT. Por los conductos debidos, las autoridades universitarias difunden el aviso al estudiantado. Retornarán con los horarios ya asignados y la misma distribución de salones.
Por lo demás no hay mucho que comentar. Se impuso una vez más la razón de la autoridad sobre los desmanes del porrismo. Quedó eliminado el último rescoldo de aquellos tiempos de violencia en la casa de cultura.
Bien por las tareas universitarias. La noble misión de formar a los futuros profesionistas está sobre cualquier acto de violencia. De si los jefes porriles fueron expulsados o se les “perdona” para que sigan en la institución, eso ya lo verán los abogados.
Como dicen algunos comunicados oficiales de los últimos tiempos relativos a hechos antisociales, el rector ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO resolvió el asunto “sin disparar un solo tiro”. Hoy, o después, la comunidad se lo sabrá agradecer.
En 2014 el ayuntamiento de Madero fue embargado en uno de sus camiones de basura. Debía a un proveedor y ex empleados una suma parecida al millón 300 mil pesillos.
También el trienio anterior, la señorita presidenta de Matamoros, LETICIA SALAZAR VAZQUEZ, recibió la vista de los actuarios que se llevaron 45 copiadoras que habían estado al servicio del ayuntamiento. Tenía siete meses que no le pagaba la renta a la empresa Sharp.
Otro dato nos dice que MARIO ALBERTO ORTIZ CANO, de triste memoria como alcalde de Llera, registró la pérdida de cuatro vehículos y cuentas bancarias. Le debía a personal despedido que demandó a la comuna.
De muchos recuerdos es aquel embargo de vehículos del ayuntamiento de San Fernando, en los tiempos del panista JUAN JOSE GALVAN, para liquidar demandas laborales de 40 empleados que había corrido cuando llegó a presidencia.
El abogado era JOSE ANGEL MORALES, líder de los cetemistas de Ciudad Victoria, quien conocía a la perfección el derecho laboral y por ese lado se fue.
Con estos antecedentes, no debe sentirse cohibido el presidente de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, cuando Lolita (Hacienda) le quitó un millón y feria de pesillos por concepto de adeudos (tres millones) a la Comisión Nacional del Agua.
Los que van a sentir el “golpe” son los empleados de tránsito, protección civil y otras áreas. Para el sueldo de ellos estaba destinado el dinero de participaciones federales.
Pero el asunto va más allá. La COMAPA está en quiebra, así la dejaron las administraciones priístas. Se deben 80 millones de pesos. Los alcaldes no pagaban ni los impuestos a Hacienda.
LEAL GUERRA ha pedido que la dependencia sea tomada por el Gobierno del Estado. Es un “torito” para los operadores políticos del gobierno de los vientos del cambio.
En situación parecida –o peor- se encuentran las de Reynosa, Matamoros, San Fernando y otros municipios. Es tiempo de meter nueva legislación y quitar a los alcaldes el dominio. Más bien, hacerles firmar convenio (porque constitucionalmente son los responsables).
Comenzaron a expedirse las convocatorias nacionales del nuevo gobierno de Tamaulipas para obras públicas. En el área educativa, para la construcción de edificios en el jardín “Consuelo G. De Guajardo”, en Matamoros, y en la Universidad Tecnológica de Reynosa (dos niveles).
En la primera, la asignación se otorgará el 17 de febrero. En Reynosa la visita a las instalaciones es el 10 de febrero y la apertura de propuestas el 20. Veremos quien gana los concursos, si foráneos o tamaulipecos.
