La cargada mediática se le fue a la yugular a los diputados locales, que dieron su voto (de todos los partidos) a favor ¿son culpables ellos?.
Hablamos de la iniciativa del “Código mordaza” que le causó puntos negativos a Tamaulipas por aquello de limitar la libertad de expresión. Veamos.
Los gobernadores -todos- no tienen el tiempo suficiente ni los conocimientos para leer e interpretar las iniciativas de Ley que, a su nombre, envían sus colaboradores al Congreso. Al estampar su firma, deben confiar ciegamente en ellos.
El conducto para hacerlo es la General de Gobierno (fuera del periodo que, en el egidismo, fue atribución de la cartera del Trabajo y Asuntos Jurídicos) si hablamos de esta tierra, o de la Secretaría de Gobernación en aquellas entidades en que así se llama la instancia de manejo político.
En el caso que nos ocupa, la versión dice que la iniciativa fue elaborada en la Procuraduría de Justicia por un grupo de asesores que vienen de otra entidad hermana. Llegaron con la espada desenvainada a cumplir con la encomienda de combatir a la delincuencia.
Enviada a la General, ahí tampoco se le dio el cause que señala el protocolo. La subsecretaria encargada habría confiado en abogados segundones y sin experiencia que le dieron el “palomeo” sin medir consecuencias.
La ruta de todas las iniciativas del ejecutivo –de las diversas secretarías-, como decíamos, es que pasen por los abogados para su evaluación, que no contravengan y sobre todo que no interfieran con los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.
Tratándose de un tema tan delicado como lo penal, se debió haber consultado con el Tribunal de Justicia. Es algo que tradicionalmente hacen las administraciones.
Los documentos tampoco pasaron por la mesa del Coordinador General Jurídico, el experimentado ABELARDO PERALES MELENDEZ, como debió haber sido el camino.
En ausencia del Gobernador, que se hallaba fuera del país, la iniciativa fue enviada por el Secretario General de Gobierno, dirigida a la presidenta del mes de la mesa Directiva del Congreso.
Por los hechos se demuestra que, si los diputados aprobaron la iniciativa el 29 de marzo, en apariencia hasta el viernes 31 el abogado estaba revisando el controvertido decreto.
El Contralor MARIO SORIA LANDERO dijo a reporteros que cubren Palacio de Gobierno, que “ahorita tratamos el tema (en una reunión) y el consejero jurídico (ABELARDO) lo va a trabajar hoy”.
Al llegar al legislativo, los asesores y diputados también se confiaron. Pensaron que, firmado por los dos principales funcionarios de la administración, el proyecto venía lo suficientemente revisado, incluyendo posibles consecuencias.
Pasó por votación unánime. Primero la dispensa a comisiones para darle tratamiento inmediato, y luego la aprobación formal.
En ambas ocasiones los votos positivos fueron 34. Ese día no asistieron la panista MARIA DE JESUS GURROLA ni ROGELIO ARELLANO BANDA, del PAN y PANAL respectivamente.
Votó a favor Doña MARIA DE LA LUZ DEL CASTILLO, de MORENA, siempre quisquillosa y proclive a abstenerse. Los once del PRI; MARTIN “El Negro” RAMOS, del Panal; GUADALUPE BIASI, del MC y HUMBERTO RANGEL, del Verde.
Acababan de firmar el “Compromiso por Tamaulipas” de trabajar por una mejor legislación que redunde en el bienestar de nuestros conciudadanos.
No es la primera vez que los diputados, en concreto los líderes parlamentarios, confían en las iniciativas que les llegan del gobierno. Creen que vienen bien analizadas.
El exceso de confianza se corrigió a tiempo. Este mismo lunes el abogado PERALES presentó las observaciones según el artículo 68 de nuestra Constitución Local, para que se pongan a trabajar las Comisiones internas y elaboren, ahora sí, un dictamen.
Después de la decisión del Gobernador de dar reversa al decreto ya aprobado, en un panorama general los errores no se le pueden atribuir exclusivamente a los diputados, ni del PAN por sacar adelante rápido la iniciativa, ni a los tricolores por ser omisos y no leer el documento.
Que la experiencia sirva a los colaboradores del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en subsecuentes trabajos. Demostrado que necesitan coordinarse las áreas jurídicas, que se acaben los pleitos que se dice traen desde la General con la Asesoría Jurídica y viceversa.
Esta vez corrigieron a tiempo las omisiones, antes que llegaran en controversia constitucional a la Suprema Corte, vía la PGR o Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y si hablamos de asuntos que van a causar polémica, mire usted que en el Estado de México arrancaron las campañas por la gubernatura con una promesa del aspirante del PRD que merece especial atención.
Don JUAN ZEPEDA dijo que de llegar a la primera chambita del Estado más poblado del país, acabará con la violencia de género en el transporte público: Hará que el 30 por ciento de las unidades sean exclusivas para las mujeres.
También afirmó que, en su gabinete nombrará mitad y mitad, de varones y damitas. Claro que una Secretaría de la Mujer.
Los demás candidatos se quedaron cortos. JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, la panista, solo afirmó que va a “poner orden”. Pero su líder nacional, RICARDO ANAYA CORTES, pronunció algo ya muy conocido: “Cuando ganemos las elecciones no va a haber venganza, pero sí justicia. Los que la hicieron la van a pagar, los corruptos devolverán lo que robaron y se irán a la cárcel” .
En la ciudad capital se conoció este martes algo novedoso para obras públicas. Son las unidades Jetpatcher para tapar baches de las calles. Corresponde a tecnología de punta y reducen a la mitad las brigadas de empleados, como dijo el alcalde OSCAR ALMARAZ.
Si con fuerza humana tapar un bache tardan entre 20 a 30 mintuos, con las máquinas se reduce de uno y medio a dos minutos. Bien por la administración a favor de los conductores victorenses.
