Cd. Victoria, Tam. Las instituciones nacionales, la sociedad misma, se encuentran entre la espada y la pared al momento de procesar, valorar, interpretar el fenómeno de la migración centro y sudamericana que hoy sacude al país con mayor intensidad que nunca, particularmente en su trampolín final, los estados del norte.
La defensa de los mexicanos indocumentados que migran a Estados Unidos, su derecho al trabajo y al trato digno, no puede ser distinta a la que merecen quienes vengan de otros países, acaso con necesidades más apremiantes.
Y mire usted, de las seis entidades fronterizas, Tamaulipas es la mayormente afectada por ser la más meridional, la más cercana a centro y sur del país.
También la mejor comunicada, carreteras, litoral, cruces fronterizos, su envidiable red de localidades gemelas al norte y sur del río Bravo.
Medios, redes, foros académicos abordan de muchas maneras el problema, defensores de los derechos humanos dan su opinión, grupos de ayuda se movilizan para paliar los riesgos que la delincuencia representa para quienes vienen en camino.
Sin remedio, la discusión tenderá a multiplicarse, crecer en número y en intensidad en años venideros porque la pobreza extrema, marginación, desempleo, magros salarios, alta criminalidad, que padecen esas naciones no parece haber cambiado mucho en su tránsito de dictaduras a democracias.
No es por gusto lo que hacen. Atraviesan grandes distancias cargando niños y sus pocas pertenencias, sorteando toda clase de peligros, en trayectos donde la delincuencia acecha.
Y son importantes los estados del norte porque con hondureños o guatemaltecos ocurre lo mismo que con oaxaqueños, chiapanecos, guerrerenses o veracruzanos.
Quienes no logran cruzar la línea fronteriza tienden a estacionarse y formar asentamientos en las municipalidades inmediatas, al sur de la línea.
Representan saldos, sedimentos, de una migración interrumpida (o parcial) que no alcanzó el sueño americano, pero logró al menos acomodarse en una frontera mexicana, que de cualquier manera ofrece mejores condiciones de vida a las que imperan en sus pueblos de origen.
Al respecto vemos, por cierto, que opinan los políticos, intervienen las autoridades migratorias, dan estadísticas los académicos, dictaminan los funcionarios de seguridad y justicia, escuchamos voces de Gobernación o Relaciones Exteriores.
Aunque no asoma por lado alguno dentro del espectro partidista, las organizaciones ciudadanas o los diversos niveles de la autoridad, alguien que convoque los gobiernos de esos países para que asuman responsabilidades claras respecto al atraso crónico origina dichos flujos migratorios.
Aunque se plantee en términos generales, no hay hasta ahorita una herramienta multinacional que otorgue seguimiento permanente y aporte respuestas concretas a un problema del que los respectivos gobiernos se han desentendido.
O bien, solamente nos tocan la puerta cuando fallecen sus connacionales, se extravían o quedan atrapados en las redes que trafican con indocumentados a escala continental.
El asunto, por dramático y urgente que sea para los mexicanos, no parece quitar el sueño al ciudadano profesor y presidente de El Salvador, SALVADOR SÁNCHEZ, ni a su colega guatemalteco, político y actor televisivo, JIMMY MORALES, ni al abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ de Honduras.
De hecho, al igual que sus similares más al sur, los mandatarios centroamericanos ven el fenómeno migratorio con el ánimo convenenciero de quien descarga en otras naciones, otros lares, otros territorios, la presión social que en el marco interno les resulta irresoluble.
Incapacidad gubernamental para garantizar a sus pobladores el bienestar básico que merecen.
Actitud que, en buena medida, representa una calca del conformismo observado durante los últimos gobiernos del PRI y las dos administraciones panistas.
En un saludable cambio de óptica, el presidente LÓPEZ OBRADOR ha señalado como meta mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos para que quienes emigren a Estados Unidos “lo hagan por gusto” y no por razones de supervivencia.
Se dice fácil, representa un trabajo para varias generaciones. No obstante, el asumir dicha óptica, la de modificar la injusticia social de origen, ya representa una aportación significativa del gobierno obradorista.
Lo cual nos remite al dicho de que la mejor política exterior descansa en la más adecuada política interior.
Y el planteamiento vale acaso como paradigma o principio de análisis para los gobiernos de la región centroamericana y del Caribe. Afrontar los efectos con la humanidad necesaria, pero, sobre todo, la voluntad explícita de atacar las causas, penando en plazos más largos.
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