Dr. Jorge Lera, Cd. Victoria, Tam. & Lic. Humberto Salinas,
Monterrey, NL.
Ante una crisis migratoria creciente desde territorio mexicano, donde diariamente se hacinan diásporas migrantes centroamericanas, venezolanas y caribeñas, sin dejar de lado africanos y asiáticos, pero que, por cada tres extranjeros observamos un migrante mexicano, por lo que vuelven a dominar nuestras propias expulsiones y éxodos nacionales.
Nos preguntamos, cuál política y agenda migratoria están aplicando los gobiernos de México y de Estados Unidos (EEUU), y qué papel juegan de políticas públicas los gobiernos expulsores que, ante su silencio, muestran su complicidad ante esta desgracia humana de grandes éxodos descontrolados y dejados a la deriva y bajo total responsabilidad y riesgo de las propias diásporas, que hoy se componen mayormente por mujeres y niños, muchos menores, incluso no acompañados.
Pero en esta crisis migratoria, la mayor responsabilidad la cargan los propios ciudadanos mexicanos que son los que más apoyan y respaldan a los grandes grupos humanos desde las ciudades donde aparecen de la noche a la mañana, los encargados de las casas de migrantes de diferentes religiones y grupos de ONG’s y los gobiernos municipales, principalmente del sur de Chiapas y de la frontera norte desde Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Monterrey, Reynosa y Matamoros, que es donde más se concentran los grupos migrantes, que solamente en 2022, de acuerdo a cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), fueron 2.4 millones las personas retornados a México, de los cuales más de 800 mil, fueron de origen mexicano.
Para el gobierno de EEUU, no se presentó el portazo esperado desde el 11 de mayo, que se derogó el Título 42 y apareció el nuevo Título 8, que no sólo deporta «ipso facto» al migrante ilegal sino, a la par, ahora los «ficha» y «criminaliza» con penas de hasta 5 años de veto para no ser aceptados ni tomados en cuenta, y con penas de cárcel si son reincidentes.
Por estas amenazas de criminalización, que permearon en pocos días desde la línea norte fronteriza, se amortiguó la crisis migratoria en territorio norteamericano, donde en menos de 5 días disminuyeron los cruces ilegales y se vieron efectivas sus amenazas amparadas de este nuevo Título 8 y la militarización fronteriza por lo que toda la carga de esta explosiva crisis migratoria, se quedó en nuestras ciudades fronterizas, convirtiendo a México de facto, en un Tercer País Seguro, que además se muestra totalmente rebasado ante la gravedad de tener un Instituto Nacional de Migración (INM) en plena crisis de credibilidad, que además anunció el cierre de sus 23 estaciones migratorias dejando en una total deriva las políticas públicas que en lugar de apoyar al transmigrante, los dejan a su sola suerte. Adicionalmente, el gobierno mexicano está dejando de apoyar a la COMAR, disminuyendo los apoyos financieros para los refugiados.
SOLUCIÓN A TRAVES DE VISADOS DE EMPLEOS TEMPORALES
En medio de esta crisis migratoria, la opción que se muestra viable y urgente, es que los gobiernos de EEUU y México se pongan de acuerdo, y apoyen la expedición de Visados Temporales de Empleo, a los migrantes mexicanos y extranjeros que cumplan los requisitos específicos para poder trabajar en ese país. Es decir, volver a lanzar una gran cruzada de los empleos que ese propio país demanda, pero que sean ofrecidos de forma ordenada, específica y remunerada a través de los Departamentos del Trabajo de México y de EEUU.
Para el gobierno mexicano, esta nueva movilidad laboral debe ser controlada principalmente por dependencias especializadas que atiendan integralmente problemas como el caso de la salud, entonces el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparece como fundamental, para que no sea solo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que atienda esta crisis migratoria. Otra dependencia esencial, que debe dar salida ordenada a la movilidad laboral migrante, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), que conjuntamente con los Departamentos de Estado y del Trabajo de los Estados Unidos ordenarían y gestionarán las visas temporales de empleo con plazos desde 6 meses hasta por 4 años, reclasificando los empleos que demandan los sectores productivos norteamericanos, desde el agropecuario hasta el considerado de alta especialización técnica.
De la misma forma, debe ser tratada la crisis, como un riesgo de salud industrial desde el punto de vista de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para prevenir riesgos y costos exagerados de ambos sistemas de salud, por un lado, un sistema caro desde EEUU y otro, de atención prioritaria hacia la familia de los migrantes que cumplen las normas de estos visados temporales.
Para el embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma, “La migración regular y ordenada debe fortalecer la idea de Norteamérica: buscamos dar un ejemplo al mundo entero, sobre cómo se pueden aliar los países para impulsar los derechos laborales”. Además, reitera que “La migración regular beneficia a todos: las empresas, las personas trabajadoras y sus derechos laborales, las economías, así como al orden y legalidad de los dos países”.
Por otra parte, el embajador norteamericano en México, Ken Salazar, enfatiza que la relación bilateral atraviesa por un excelente momento tras la visita histórica del presidente Joe Biden, por lo que estamos en buen tiempo para trabajar una salida ordenada e inteligente a esta crisis, provocando a través de los visados temporales una válvula de escape.
Aquí se muestra el meollo del asunto, ya que ahora no se observa ni se previene un auténtico acompañamiento del transmigrante, desde el punto de origen hasta el lugar del visado, que se concentra principalmente en Monterrey, Nuevo León.
Ahora no hay preparación, para poder dar y proporcionar en solo dos o tres días de espera en estos centros, para así fortalecer la seguridad industrial como un plus de la movilidad responsable. Esto es, poder transformar esta crisis migratoria, en una oportunidad laboral expedita y ordenada.
El subsecretario del Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Marath Bolaños, externó que “con este memorándum se da un paso firme a la protección de los derechos humanos y laborales de los mexicanos que estén buscando una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, posibilitando así, un esquema de movilidad laboral regular, ordenado y seguro”. Además, destacó la colaboración con EEUU para fortalecer la nueva plataforma virtual del Servicio Nacional de Empleo (SNE).
De acuerdo a estudios realizados por la Universidad migrante Santander, en la frontera norte el impacto que ha causado esto en ciudades como Monterrey, Santa Catarina, Matamoros, Nuevo Laredo, Guadalajara y Tijuana, entre otros Consulados norteamericanos en México, representaría una derrama económica de 650 dólares por cada visado y un gasto municipal de más de 400 dólares por asistir y atender a este flujo con una carga de servicios y atención desde trasporte, hotel y alimentación.
No hay instrumentos puestos en operación, para que los filtros consulares de movilidad laboral de México a EEUU, que por ahora sean seguros.
Hoy día, no hay un verdadero modelo de acompañamiento desde los municipios hasta los 9 consulados norteamericanos distribuidos en México, para atender la demanda actual, estimada en medio millón de trabajadores temporales anuales, en medio de esta nueva crisis migratoria y de movilidad.
Por todo lo citado, el diálogo y la colaboración entre grupos de trabajo binacionales, ahora están dejando más incógnitas que respuestas.
La primera propuesta de salida, es poder blindar de todos los posibles riesgos sanitarios, cuando una población masiva y descontrolada, que representa la menos atendida por la falta de alimentación adecuada y sus bajas dosis de vacunación y post pandemia, se moviliza desde lo rural hasta la ciudad, al visitar al Consulado sin menores controles. Específicamente, el Consulado de Monterrey y en Santa Catarina, Nuevo León, donde se reciben grandes flujos de esta masa migratoria en un sistema que los deja desprotegidos, ya que no es parte del programa de salud federal.
Por lo citado, esta movilidad laboral debe ser controlada principalmente por el IMSS y no solo la SRE, y por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) junto con los Departamentos de Estado y del Trabajo de los Estados Unidos. De la misma forma debe ser tratada como un riesgo de salud industrial para prevenir riesgos y costos exagerados de ambos sistemas de salud por un lado un sistema caro de EEUU y otro de atención prioritaria hacia la familia…
