México.- El Ejército es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano. La institucionalización de nuestras Fuerzas Armadas, lograda después del movimiento revolucionario, fue uno de los principales logros del proceso de pacificación del país y de la consolidación del Estado moderno. Su historia de respeto por el poder civil define nuestro pasado no golpista, tan característico de la historia Latinoamericana; su credibilidad como institución defensora de la soberanía.
No comparto la opinión de aquellos que piensan que sería bueno desaparecer el Ejército mexicano. Sin duda alguna, esa posición carece de un entendimiento claro del papel que juega, pues desprecia la trascendencia del trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas por la nación, especialmente en tiempos de crisis, y su fortaleza como instrumento del Estado en la protección de los intereses de la sociedad.
Al ser la única estructura verdaderamente organizada con la que cuenta el gobierno, los militares son los únicos con capacidad efectiva para atender y apoyar a la población en los momentos más difíciles. Basta recordar los sismos recientes de hace dos años, donde, sin el apoyo y auxilio del Ejército y la Marina, hubiera sido imposible avanzar en las tareas de reorganización y reconstrucción. Como guerrerense, me tocó vivirlo en carne propia cuando, tras la destrucción que a su paso dejaron las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
En paralelo, el papel del Ejército ha sido fundamental en la última década frente a la capacidad destructiva que han ejercido los actores delincuenciales. Ante la precariedad de nuestras instituciones políticas, el crimen organizado tomó por sorpresa a los gobiernos en el ámbito municipal y estatal. Amplias regiones del país se convirtieron en territorios controlados por la actividad criminal. Los delincuentes tomaron el lugar de la autoridad institucional, empezaron a cobrar impuestos (a través de la extorsión y el cobro de piso), a hacer e impartir la ley y a detentar el monopolio absoluto de la fuerza.
La fragilidad del poder civil, la corrupción y la insuficiencia de recursos provocaron que los gobernantes echaran mano de nuestras Fuerzas Armadas; desde el gobierno de Ernesto Zedillo, con la Policía Federal Preventiva, hasta la recientemente creada Guardia Nacional. Aunque en este tránsito ha habido excesos, incluso violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que el Ejército entró a cubrir una función ahí donde el poder civil había fallado, estaba rebasado y resultaba insuficiente.
En este contexto, durante el primer semestre del año, la Sedena reportó 126 casos de agresiones a militares. Algunas de ellas se viralizaron a través de las redes sociales.
Uno de los videos más difundidos fue aquel en en el que pobladores desarman, retienen y humillan a elementos del Ejército en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de La Huacana, Michoacán, exigiendo a cambio, por su liberación, que les fueran regresadas armas de uso exclusivo del Ejército que les habían sido decomisadas. Otro video difundido en últimas fechas fue el que muestra la confrontación entre unos 100 pobladores de Acajete, municipio de Apango en Puebla, y un convoy militar. Dicho episodio se generó cuando los integrantes del Ejército se dirigían a asegurar una bodega con vehículos, mercancías robadas y huachicol.
Ver a nuestros militares agredidos y vejados por pobladores claramente relacionados con actividades delictivas ha generado en mí una profunda sensación de frustración y rabia. Las actividades antisociales deben ser reprimidas con toda la legitimidad que tiene el Estado como garante y protector del bien de todos. Permitir que este tipo de escenas continúen erosiona la imagen de fuerza y capacidad de protección que requerimos por parte de ellas.
Es un error dejar desprotegidas a nuestras Fuerzas Armadas. Por esta razón, celebro el comunicado del instituto castrense de la semana pasada, en el que se señala: “Se hace del conocimiento de la sociedad que, ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad”. Debemos cerrar filas con nuestras Fuerzas Armadas.
